ligadas al jefe de Estado, siendo la última de ellas el proceso que se lleva en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta vulneración de topes electorales e ingresos irregulares en la campaña de 2022. Ante esa corporación él es su apoderado, mientras que ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara el caso lo llevaba el penalista Mauricio Pava.

La llegada de Carvajal al máximo tribunal constitucional del país, la Corte, generó un intenso debate y ruido sobre la estrecha cercanía que Carvajal, como parte de la Rama Judicial, tendría con el jefe del Ejecutivo. Esto por la independencia que debe caracterizar a los magistrados de la corporación indistintamente del gobierno de turno.

Sin embargo, la elección de Carvajal estaba cantada. Desde días antes a pesar de las rencillas políticas producidas por la reforma laboral y la consulta popular, se le daba como el virtual ganador en la contienda en la que también participaron las abogadas Karena Caselles y Dídima Rico, quienes se quedaron con una minoría de votos.

De 66 años -lo que lo llevaría a un retiro forzoso en cuatro años aunque él ha mostrado un concepto jurídico con el que dice que eso no sería así-, Héctor Carvajal tuvo su formación como abogado en la Universidad Católica de Colombia, y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Público.

En cuanto a su hoja de vida, además del litigio de los últimos años con su firma personal, tuvo hace tiempo un paso por la Fiscalía General de la Nación y como asesor del Ministerio de Justicia.

Ya en su labor de contratista, bajo el gobierno de Petro se le conoce que tuvo al menos dos contratos con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para brindar conceptos jurídicos. Uno se firmó hace dos años por 203 millones de pesos y tuvo como finalidad prestar durante ocho meses asesorías frente a la gestión disciplinaria del Fondo. Ese contrato tuvo una extensión el año pasado por 192 millones de pesos.

Asimismo, ha contratado con Colombia Compra Eficiente y con la Federación Nacional de Municipios para dar asesorías jurídicas a distintas dependencias de las instituciones.

Esa experiencia jurídica lo ha llevado, además, a tener desde hace años a importantes políticos. Más allá del presidente Petro, ha defendido en procesos disciplinarios y electorales ante la Procuraduría y el Consejo de Estado a personas como la exgobernadora Oneida Pinto, el exalcalde Daniel Quintero, el congresista Alfredo Ape Cuello.

Ante las autoridades, Carvajal ha mantenido la controversial postura de que solamente un juez puede quitarle los derechos políticos a un funcionario electo por voto popular. Esa misma tesis comparte Petro, a quien representó cuando lo destituyeron como alcalde de Bogotá por el escándalo de las basuras, en la era del procurador Alejandro Ordóñez.

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